Es evidente la necesidad actual de ajustes en la gestión de los servicios públicos en aras de una mayor eficacia y eficiencia, y, a ser posible, sin merma de la calidad de dichos servicios al ciudadano. Un elevado porcentaje del presupuesto autonómico se imputa a las partidas de Sanidad y Servicios Sociales, áreas extremadamente sensibles para la población general, y que tradicionalmente han estado separadas, o incluso diría que se han visto como antagónicas más que como complementarias.
La realidad social es otra. Las situaciones de dependencia, atendidas desde los servicios sociales especializados, en residencias y centros de día, responden a patologías crónicas e invalidantes que, invariablemente, presentan un elevado consumo de recursos sanitarios, incluyendo, entre otros, un elevado consumo de medicamentos, de medios diagnósticos y de estancias hospitalarias.
Por otro lado, cada vez son más las voces autorizadas, tanto en el ámbito nacional como europeo, que abogan por una trasformación del actual modelo de salud desde una orientación focalizada en los procesos agudos hacia la atención a los cada vez más prevalentes procesos crónicos. En este contexto los recursos de larga estancia tanto hospitalaria como residencial suponen un menor coste plaza/dia y una atención en el nivel adecuado a las circunstancias de la persona.
En el momento actual resulta frecuente que en los hospitales, incluyendo los de larga estancia, se prolonguen las estancias de los pacientes sociosanitarios al no encontrar una vía de derivación adecuada y fluida al alta hospitalaria, y los recursos residenciales dependientes de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, (CJBS) atienden mediante sus propios equipos sanitarios las necesidades de salud de sus residentes, con excepción de los ingresos hospitalarios que procedan por procesos agudos concurrentes, sustituyendo, y a veces duplicando la atención sanitaria.
Por este motivo mi propuesta o sugerencia, de la que son partícipes compañeros y técnicos consultados tanto del área de Sanidad como de Servicios Sociales, sería un modelo de Departamento Sociosanitario, integrando los recursos de atención a la dependencia, residencias y centros de día para personas dependientes en el Departamento de Salud, lo que permitiría una mayor fluidez de derivación al recurso más adecuado al alta hospitalaría (con una mayor eficiencia en términos coste plaza/dia), la evitación de duplicidades de servicios, un mejor control del consumo de medicamentos y una mejor gestión de los casos más complejos que condicionan un mayor consumo de recursos asistenciales y por ende un mayor gasto sanitario.
Esta integración sociosanitaria afectaría a tres grupos de población: pacientes geriátricos, personas con enfermedad mental crónica y personas con discapacidad psico-física. Resultaría especialmente fácil en el ámbito de la atención geriátrica, integrando las plazas de Residencias y Centros de Día para Personas Mayores Dependientes, especialmente los centros propios, en la larga estancia y cuidados para crónicos, como un proceso de continuidad de cuidados desde los HACLES.
Igualmente en el ámbito de la Salud Mental, donde los recursos para enfermos mentales crónicos de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social (Centro Específico para Enfermos Mentales crónicos, Centros de Rehabilitación e Inserción Social, Centros de Día) complementarían la oferta sanitaria, permitirían un mejor control de la enfermedad y un mejor aprovechamiento de los recursos bajo la coordinación de los responsables de las unidades de Psiquiatría de cada Departamento de Salud.
Del mismo modo podrían integrarse los recursos de atención a las personas con discapacidad (residencias y centros de día y ocupacionales) dado que muchos de los servicios están prestados por Asociaciones del sector que reciben generalmente subvenciones de ambas Consellerías, lo que demuestra una vez más la necesidad de una coordinación sociosanitaria eficaz.
La integración sociosanitaria propuesta puede realizarse a distintos niveles. Un nivel básico, en el que los recursos propios y concertados de la Consellería de Justicia y Bienestar Social con atención sanitaria propia se integren en los respectivos Departamentos de Salud, coordinándose ambas Consellerías para la prestación de los derechos derivados de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. La estructura departamental actual de la Consellería de Sanidad hace viable una integración de los recursos mencionados tanto estructurales como humanos a través de una Dirección Sociosanitaria y de Atención a la Dependencia, orgánicamente dependiente del Gerente del Departamento de Salud. Esta Dirección Sociosanitaria y de Atención a la Dependencia sería la encargada de la gestión de los recursos sociosanitarios y de la coordinación intradepartamental (con la atención primaria y la atención hospitalaria) e interdepartamental (servicios sociales generales).
Este nivel básico de integración ya podría suponer un ahorro en tres aspectos: estancias hospitalarias, consumo de medicamentos y aprovechamiento de los recursos humanos.
El nivel de mayor integración supone un cambio más profundo con la integración en Sanidad de la Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia y la creación de una Consellería de Sanidad y Atención a la Dependencia, con un modelo de gestión de la Dependencia más descentralizado en las Direcciones Territoriales.
Aún siendo consciente de la dificultad que esta propuesta entraña, tanto desde el punto de vista estructural como desde la toma de decisiones políticas, y de las reticencias y rechazos que puedan existir, personalmente creo que esta remodelación pondría a la Comunidad Valenciana como pionera del cambio que antes o después deberá acometerse, proporcionará una imagen de innovación y apuesta por la eficiencia y la calidad de la atención a las personas dependientes y supondrá un ahorro económico de alcance.
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